El cannabis, en todas sus formas, se debate entre las distintas legislaciones nacionales, entre su regulación y la obsoleta mirada criminalizadora.
Estas dos posturas no responden a diferentes corrientes políticas ni a una reciente apertura mental que priorice el libre consumo y las investigaciones que avalan sus usos sobre las políticas prohibicionistas.
Más bien, responden a estructuras que derivan su rentabilidad económica hacia las mismas arcas de siempre, en planes concebidos por los oligopolios económicos de siempre.
Mientras tanto, su creciente comercialización pública repercute, al menos en algunos países, en un incremento de cultivos para obtener materia prima en un sector con una regulación imprecisa o, en muchos casos, inexistente.
Esto tiene enormes consecuencias:
- Cultivos destinados a zonas fuera de cualquier control (países con políticas agrícolas extremadamente laxas respecto al uso de agroquímicos)
- Una nueva generación de agricultores y agricultoras con escasa experiencia en este campo, que implementan prácticas deplorables para el suelo y el producto obtenido,
- Competencia desleal frente a un mercado emergente, y
- Productos contaminados sin ninguna trazabilidad de origen.
En los países que han abierto sus puertas al consumo de cannabis, como Estados Unidos, ya se han registrado casos de envenenamiento por pesticidas en consumidores, así como serios problemas en los cultivos debido al uso irregular de sustancias tóxicas (envenenamiento del suelo, fortalecimiento de plagas, etc.).
Todo esto no es algo nuevo.
Llevo mucho tiempo cultivando cannabis y enfrentándome a la competencia de productos ultradopados con abonos químicos y cultivados a base de veneno agroquímico.
Hasta ahora, este problema repercutía en el consumidor, ya que la mayor parte del producto se cultivaba en interiores, lo que al menos evitaba la contaminación del suelo (por ser optimista, aunque habría que ver dónde se desechan los residuos de esos cultivos).
Todo cambia en el momento en que la industria y el mercado legal encuentran interés en el CBD o el THC y comienzan a necesitar grandes cantidades de plantas para producir sus productos.
Para solucionar esta nueva situación, de momento, solo se plantean unos pocos países donde producir, mientras la industria se fortalece y se restringe el acceso a cualquier actor indeseado.
Este problema, el mismo que tenemos con cualquier producto de origen agrícola, sigue creciendo, mientras nos deslumbran con campañas publicitarias atractivas que lo obvian, así como con políticas imprecisas hechas a medida, justo para favorecerlo.
En Murcia, Almería, Granada y en gran parte del sur de España, con el auge de hace unos años de los invernaderos destinados al cultivo de cannabis para CBD, las distribuidoras de agroquímicos, frente a la amenaza de una pérdida de ventas de productos destinados a las hortalizas, utilizaron sus fuertes vínculos con las administraciones para criminalizar a absolutamente todos los agricultores de cannabis.
Esto nos muestra el poder directo que tiene la industria agroquímica sobre las administraciones.
De hecho, justo después de ese suceso, la fiscalía española publicó la famosa circular en la que se fiscaliza cualquier flor de cannabis, independientemente de sus niveles de THC. Esta herramienta ha sido fundamental para desmantelar los cultivos de cannabis en el Estado español, así como para prohibir explícitamente la manipulación de cualquier tipo de planta de cannabis.
Está claro que un cultivo realizado de forma ecológica, sin uso de agroquímicos, que renueva los suelos, disuelve elementos contaminantes, beneficia directamente al agricultor y al entorno, y favorece procesos manuales para los que aún la tecnología no ha desarrollado maquinaria excesiva, dando lugar a la contratación de mano de obra, debe parecer cosa de locos.
Desde mi punto de vista, el libre mercado, las regulaciones oficiales y el desarrollo de la industria cannábica solo pueden perjudicar al productor y al consumidor.
Solo la asociación directa entre ambos, productor y consumidor, puede dar lugar a prácticas saludables y enriquecedoras para el territorio, además de productos naturales de alta calidad, evitando intermediarios especuladores, burócratas reguladores, e incluso a la administración pública, que no es más que la representación del lobby privado con piel de cordero.
Dada la situación en la que nos encontramos, la trazabilidad de los productos cannábicos se pierde o reescribe según convenga. Y esto no es un problema en sí mismo, ya que a legislaciones caprichosas se les plantean soluciones creativas. Lo que realmente introduce veneno tanto en los productos como en los suelos es el uso de ciertos productos, muchos de ellos legales. El incremento paulatino del uso de fitosanitarios hará que la situación estalle.
Es importante recalcar que lo que señalo aquí sobre el cannabis es extensible a cualquier producto vegetal. Excepto por la criminalización propia del sector, los demás aspectos se extienden igualmente gracias a los tratados comerciales que nuestro Estado establece con otros países.
De estos problemas solo se hacen eco los medios de manera perversa, para tergiversar el mensaje cuando existe una intencionalidad política (partidista), pero nunca para señalar directamente el problema, ya que tanto las industrias agroquímicas como dichos tratados tienen tanto peso como los intereses personales de los responsables de las legislaciones actuales.
Da igual el color político del medio: o se beneficia de la publicidad de los distribuidores o está comprometido con los lobbies involucrados.
Por nuestra parte, seguiremos trabajando para ofrecer una relación directa con el consumidor final, intentando ofrecer un producto natural, de calidad y asequible, y señalando lo que a nuestro juicio es una situación que nos afecta a todos y que, si somos conscientes de ella, podemos cambiar entre todos.