En un contexto europeo de apertura y regulación del mercado del CBD, en España seguimos asistiendo a una preocupante falta de claridad legal que afecta negativamente a todo el sector: productores, empresarios y consumidores. Las autoridades competentes lejos de guiarse por las leyes vigentes se apoyan en opiniones o indicaciones de órganos no legislativos que activan a cuerpos de policía, fiscales y órganos judiciales y crean un desgaste insostenible para agricultores, pequeños empresarios, pequeños agricultores y consumidores.
Intervenciones en el pequeño comercio
Cada semana, nuevas incautaciones de productos de CBD se producen en tiendas especializadas que operan bajo los criterios de legalidad establecidos tanto en la normativa europea como en diversas sentencias judiciales nacionales. Estas actuaciones, sumadas a una cobertura mediática muchas veces sensacionalista, generan una imagen distorsionada del CBD, asociándolo de forma errónea a sustancias ilegales y reforzando la desinformación entre los ciudadanos.
Estos pequeños comercios sufren un desgaste incesante bajo en muchos casos un trato injusto en el que se les incauta gran parte del stock o todo en algunos casos y se les deja a la espera de un proceso judicial que en la mayor parte de los casos queda archivado , si el comercio es capaz de asegurarse una buena defensa especializada en el tema pero suponiendo un claro desgaste económico y anímico y fomentando la estigmatización del sector.
Intervenciones a agricultores
Esta problemática también impacta directamente en los agricultores de cáñamo industrial desde 2017, quienes cultivamos variedades autorizadas, con contenidos de THC dentro de los límites legales (0,2%-0,3%)*, y aun así nos enfrentamos a inspecciones, incautaciones e incluso destrucción de cosechas. Todo ello a pesar de operar dentro del marco legal vigente, poniendo en riesgo el desarrollo de un sector agrícola innovador, sostenible y alineado con los objetivos de diversificación rural que desde distintas instituciones se pretende promover. En 2017/2018 hubo un auge de este cultivo, muchos agricultores españoles cansados de trabajar cultivos poco rentables que basan su poco rendimiento económico en subvenciones optaron por el cáñamo industrial y el despliegue de las fuerzas del estado para disciplinarnos y borrar este cultivo fue absoluto y fue el que dio lugar a la famosa circular de fiscalía que hoy en día es prácticamente el pilar de las actuales actuaciones.
Estas actuaciones abren un marco en el que es más fácil vender un producto adquirido en cualquier país europeo que ofrecer un producto local del que se pueda verificar su trazabilidad.
El límite 0,2%-0,3%THC*
No existe ninguna ley en el estado español que adjudique este límite del 0,2 o 0,3 de THC como el límite entre el cáñamo industrial y la marihuana. La realidad es que existe una ley en la que se plantea ese límite como límite para obtener subvenciones de cultivo de cáñamo industrial, en esta misma ley se plantea como el cañamo industrial no se le aplicarán los criterios legales aplicados al cannabis entendiendo por cannabis , marihuana
A partir de ahí existen diversas circulares, recomendaciones,publicadas por fiscalía, AEMPS, y otros organismos no legislativos que conducen las actuaciones a falta de un cumplimiento riguroso de la ley.
Sanciones a consumidores
Los consumidores, por su parte, también son víctimas de esta inseguridad jurídica. Personas que buscan alternativas naturales y seguras para su bienestar se ven expuestas a mensajes contradictorios, y en ocasiones, a un trato injusto y estigmatizador.
Las autoridades proceden en muchos casos a la incautación , incluso con ticket de compra y paquete sin abrir, a veces envíos de e-commerce en su transporte , y sin llegar a hacer ningún análisis proceden a imponer sanción por estupefacientes haciéndose eco de las mismas circulares. Dejando al consumidor en desamparo ya que sus opciones son pagar la mitad de la sanción rápido y sin pensar o recurrir y arriesgarse a pagar el doble.
La situación se ve agravada por el hecho de que tanto la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) como la Fiscalía General del Estado están respaldando actuaciones basadas no en leyes formales, sino en interpretaciones restrictivas. Particularmente relevante es la circular emitida por la Fiscalía General, en la que se afirma que todas las flores de cannabis deben considerarse ilegales, independientemente de su contenido en THC. Es importante recordar que esta circular representa únicamente una opinión jurídica y no tiene rango de ley. En un Estado de Derecho, la opinión de un fiscal no puede sustituir la normativa vigente ni limitar derechos garantizados por la legislación nacional y europea.
Para muchos en el sector resulta evidente que España necesita urgentemente una regulación clara, coherente y basada en criterios científicos, que proporcione seguridad jurídica tanto a los operadores económicos como a los consumidores, y que permita un desarrollo sostenible y competitivo del sector del cáñamo industrial y del CBD; en nuestra opinión no es asi, España ya tiene una legislación que se ocupa de tratar este tema segun esta:
-El cannabis (entendiendo por cannabis la planta de Cannabis Sativa y sus extracciones) será considerado droga o estupefaciente .
-El cáñamo industrial( también es cannabis sativa) no será considerado droga.
Y a partir de ahí se entra en el debate infinito de cual es la diferencia entre ambos , no debería de ser tan difícil digo yo teniendo en cuenta que la misma ONU recomienda una fórmula de psicoactividad a través de la cual puedes distinguir si una sustancia tiene efectos psicoactivos o no. Incluso el estado español dice en su Circular de la Dirección General de Sanidad 3 de junio de 1976, sobre informes analiticos y tomas de muestras que para evaluar los resultados de los análisis aplicados al cannabis sativa se adoptará el 0,6% de THC como valor para considerarlo estupefaciente y que por debajo de este se considerara a la sustancia cáñamo industrial. Y se atribuye según la ley al cáñamo industrial la posibilidad de ser cultivado con fines industriales , para fibra, semillas u hortícolas.
Pues bien, si puede ser cultivado , puede ser procesado y puede ser vendido y consumido.
Y resulta evidente a mi humilde juicio de agricultor que con fines hortícolas incluye el cultivo de flores aromáticas no psicoactivas.
Desde Veraseed apostamos firmemente por una información rigurosa y transparente, por el respeto a las leyes vigentes, y por la defensa de los agricultores, emprendedores y consumidores que merecen operar y disfrutar de sus derechos en un marco legal claro y estable. Nos oponemos frontalmente a que se establezcan criterios alrededor de la ley que benefician a la gran empresa frente al pèqueño empresario y al consumidor y seguiremos trabajando para enriquecer y fomentar la agricultura ecológica en el estado español y el derecho de cualquier consumidor a obtener productos de alta calidad hechos en España.
El cáñamo no es un problema: es una oportunidad para la innovación, la sostenibilidad y el bienestar.