En las últimas semanas, varias tiendas especializadas en productos de CBD, demasiadas ya, han vuelto a ser objeto de intervenciones policiales en distintos puntos de España. Con incautaciones, registros y bloqueos preventivos, las autoridades actúan con una contundencia difícil de justificar, mientras los medios de comunicación se hacen eco de estas operaciones repitiendo, sin análisis ni contexto, titulares que equiparan el CBD con drogas ilegales.
El resultado es una desinformación generalizada. Muchos consumidores, y gran parte de la opinión pública, siguen creyendo que el CBD es sinónimo de marihuana, cuando la realidad legal es muy distinta. El cannabidiol es un componente no psicoactivo, legal en toda la Unión Europea, y que puede comercializarse siempre que provenga de variedades autorizadas y contenga niveles de THC dentro de los márgenes establecidos (0,2% o 0,3%, según normativa actualizada).
A pesar de este marco legal, las fuerzas del orden continúan realizando actuaciones preventivas en muchos casos abusivas, incautando productos legales sin una orden judicial clara, sellando establecimientos y bloqueando cuentas bancarias sin juicio ni sentencia. Estas intervenciones, lejos de resolver nada, terminan archivadas o sin condenas, pero dejan tras de sí negocios arruinados, trabajadores despedidos y años de esfuerzo tirados por la borda.
La persecución no se limita a las tiendas. También los consumidores son blanco de sanciones administrativas y multas por la mera posesión de flores de CBD adquiridas legalmente, bajo una interpretación confusa de la Ley de Seguridad Ciudadana que, de nuevo, contradice la normativa europea y las resoluciones judiciales vigentes.
Queremos, no obstante, hacer una autocrítica necesaria dentro del propio sector. No podemos ignorar que una minoría de operadores, amparándose en el vacío legal o la falta de regulación clara, ha aprovechado la situación para introducir en el mercado productos no lícitos o con etiquetado y control dudoso. Estos comportamientos, además de irresponsables, ponen en riesgo al conjunto del sector. Por eso, desde Veraseed creemos que es imprescindible que las tiendas y marcas se mantengan impecables, tanto en su comunicación como en la trazabilidad y legalidad de los productos. Solo así podremos defender con firmeza el trabajo honesto y profesional que muchos venimos realizando durante años.
En este clima de inseguridad jurídica, el Estado no regula, pero tampoco respeta su propia legislación. La Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado continúan amparando actuaciones basadas en interpretaciones internas —como la conocida circular del fiscal general— que no tienen valor legal, pero que sirven como justificación para operaciones policiales que criminalizan de facto una actividad legal.
El daño ya está hecho: negocios que no se recuperan, consumidores perseguidos y una imagen pública deteriorada por la falta de voluntad política y el sensacionalismo mediático. España no puede permitirse seguir castigando un sector emergente que podría generar empleo, desarrollo rural, innovación y bienestar.
Desde Veraseed y como integrantes de la FEC( frente empresarial del cáñamo) reclamamos el fin de esta persecución injusta, una regulación clara y la aplicación efectiva de las leyes vigentes. El CBD no es delito, y quienes apuestan por él desde la legalidad merecen respeto, protección y certidumbre.